Nadie tiene derecho a juzgar a una mujer que aborta. Es la mujer la que tiene todo el derecho a tomar su propia decisión. Cada una lo hace por un motivo distinto, todos respetables. Son momentos muy dolorosos con los que, insisto, nadie debería frivolizar. Este es un resumen de un día cualquiera en una clínica de interrupción del embarazo, que he publicado en el número especial de MásPúblico.

Las mil razones que llevan a una clínica abortista

La primera intervención comienza a las 10.15. Luisa, de 39 años y sin hijos, opta por la anestesia general. Sus piernas, tensas, comienzan a aflojarse. Y en menos de tres minutos se queda dormida sobre la camilla. A las 10.26, tras varias llamadas suaves del anestesista, Juan Moyano, despierta mareada. “Gracias, gracias”, balbucea. Ya no está embarazada. No tiene capacidad económica para criar a ningún niño. Estudió la EGB, vive en casa de sus suegros con su pareja y ambos están en paro. No usó ningún método anticonceptivo.

Tampoco lo hizo María, farmecéutica, de 32 años y un hijo de dos. La doctora, Eva Rodríguez, le reconfirma su embarazo en la sala de ecografías. Cinco semanas. “Me alegré cuando el PP dijo que quería cambiar la ley y mira dónde estoy”, le dice llorando a la psicóloga, Rocío Ruiz. “Sé que él no se puede defender, puede ser horroroso. Pero es que yo no quiero tener más hijos. No puedo ni moral ni físicamente. Mi marido no quiere que aborte, que me deshaga de este niño, pero soy yo la que tengo que criarlo y esta es mi decisión”, afirma mirando la ecografía, donde solo se ve un punto negro.

María tiene pánico a la intervención y a todo lo que tenga que ver con la palabra ginecólogo. Su único parto fue un desastre. Toma un Tranxilium y sale a la calle a fumar. La acompaña, pese a todo, su marido. Ha desayunado y la anestesia debe ser local. La doctora le ofrece esperar una hora para poder dormirla. Pero María quiere acabar ya. “¡Estoy como era yo antes!”, grita tres minutos después de entrar en el quirófano, cuando todo ha finalizado. Sale de la clínica con el DIU puesto.

Ellas, que no quieren o no pueden seguir con su embarazo, que no pueden o no quieren tener más hijos, también son mujeres, diga lo que diga el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que el pasado marzo afirmó: “La libertad de maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres”.

Es un día cualquiera en la clínica El Sur, en Sevilla. Hay siete interrupciones previstas para la mañana, incluidas las de Luisa y María, nombres ficticios, como el de todas las pacientes de este reportaje. Los embarazos son de menos de 14 semanas, el plazo máximo para abortar libremente fijado en la ley actual, cuya reforma, sin concretar al cierre de esta edición, ya ha anunciado el Gobierno.

Todas las mujeres llegan derivadas de sus centros de salud (las intervenciones son financiadas por la Junta de Andalucía) salvo Marga, de 29 años, con mutua privada. Es su primer embarazo y el feto tiene una malformación: bicéfalo. “Que venga cuando tenga que venir, pero que venga sano”, le dice a su madre y su marido al terminar.

En la sala de espera aguarda Blanca, una joven de 20. Va sola. Es tímida. No mira a nadie. Suena una canción de Alejandro Sanz. Cuando llega su turno, la llaman, como a todas, con un código, un número, para proteger su identidad. No tiene pareja. “No quiero tenerlo. Mis padres tampoco me ayudarían”, explica a la psicóloga, que le advierte, además, del peligro de contagio de enfermedades si no usa preservativo. Fabiola, de 20 años y un hijo de cuatro, al que acaba de dejar en el colegio, acude con una amiga. Son de un pueblo y han venido en tren. Ni ella ni su marido trabajan. Les falló el condón. Ni puede económicamente ni quiere tenerlo en este momento: “Soy muy joven”.

Jornadas de reflexión

En una habitación junto a la recepción, Coli Rubio, trabajadora social, informa a Paqui de que no puede interrumpir su embarazo ese día. Las tres jornadas de reflexión que marca la ley aún no se han cumplido según el documento del centro de atención primaria. Según Paqui, la fecha es errónea y cree que el médico lo ha hecho a propósito. “Me dio los papeles hace más de una semana y me dijo que me lo pensara mejor”, sostiene. Lo tiene clarísimo. Pero en la clínica no pueden hacer nada. Tiene que volver al día siguiente.

A las 12.35 ya se han realizado todas las interrupciones. La de Sofía es la última. Tiene 32 años, dos hijas y diez abortos a sus espaldas: nueve en Rumanía y uno en este mismo centro, hace dos años. Aquella vez eligió anestesia local. “Hoy prefiero dormirme”, le pide a la doctora Rodríguez, también directora de la clínica. Cuenta que dejó de tomar la píldora porque no tenía dinero ni para comer. “Que Dios os lo pague con mucha salud, gracias por el trabajo que hacéis”, repite al despertar, mientras la enfermera, Inma Capote, la ayuda a pasar de la camilla a la silla de ruedas.

Si se excluye el aborto de la cartera básica, como ha insinuado el Gobierno tras la denuncia de la asociación de clínicas acreditadas Acai, la mayoría de estas mujeres no podrían pagar los 400 euros de media que cuesta la interrupción. “Espera. No te vayas sin esto”, advierte la doctora a Sofía. Le da una caja de anticonceptivos para un mes: “Estas pastillas son más baratas y te las receta el médico”. De momento. Como el aborto, que de momento, por ley, es un derecho de las mujeres, de todas. Diga lo que diga Gallardón.

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