Con sólo una semana de diferencia, dos jueces han dictado dos sentencias diametralmente opuestas sobre una misma cuestión: el derecho o no de los médicos de familia a la objeción de conciencia sobre el aborto. La primera, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Málaga, con fecha 23 de febrero de 2012, da la razón a la recurrente. La segunda, también dictada en Málaga, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3, de 1 de marzo de 2012, da la razón a la Junta de Andalucía y desestima la petición del recurrente. Éstas son las principales contradicciones entre una y otra resolución, la primera firmada por una jueza y la segunda por un juez.

1. Libertad religiosa e ideológica y derecho a la objeción

Primera sentencia: “La libertad religiosa e ideológica no sólo encuentra un límite en la necesaria compatibilidad con los demás derechos y bienes constitucionalmente garantizados (…) sino que topa con un límite específico y expresamente establecido en el artículo 16.1 de la Constitución: “El mantenimiento del orden público protegido por la ley”. No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1″.

.Segunda sentencia: “No existe en nuestro sistema constitucional un derecho a la objeción de conciencia de carácter general derivado de las libertades ideológicas y de pensamiento del art. 16.1 de la Constitución, pues no entenderlo así supondría admitir que estas libertades no sólo garantizarían el derecho a tener las creencias que cada uno estime convenientes, sino también el derecho a comportarse en todas las circunstancias de la vida con arreglo a las propias creencias, lo que resultaría contrario a elementales principios de seguridad jurídica”.

2. Función de los médicos de familia en el aborto

Primera sentencia: “Las labores de información [que son las que realizan estos médicos] no son un trámite formal previo al proceso sino el inicio del propio proceso y de la prestación sanitaria que regula la Ley a prestar por los profesionales sanitarios y además de carácter preceptivo, necesario y punible su omisión, por lo que no cabe duda de que los profesionales que las han de prestar, incluidos los médicos de atención primaria (…) han de ser considerados profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo y que por lo tanto tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia”.

Segunda sentencia: “El art. 19 [de la nueva ley del aborto] dice que los profesionales directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho a ejercer la objeción de conciencia. Siendo ello así, el adverbio “directamente” parece sugerir en interpretación gramatical, que existen profesionales sanitarios que aun estando implicados en la IVE, no lo están directamente (…) y no están amparados por el derecho a la objeción de conciencia”.

3. Colisión de derechos

Primera sentencia: Al interpretar que los médicos de atención primaria participan directamente en el proceso del aborto, este juzgado entiende que no poder ejercer la objeción de conciencia vulnera un derecho fundamental de estos profesionales.

Segunda sentencia: “[La decisión de la Junta] sólo presenta una apariencia de afectación periférica al derecho del médico a obrar conforme a su conciencia al no estar implicado directamente en la IVE, que sería el núcleo duro, fuerte, de su protección. Por ello, y poniendo frente a frente esa afectación periférica en el ámbito de la conciencia del recurrente y el interés público que representa la atención adecuada en el sistema sanitario público en todos los niveles de las mujeres que desean información, configurado este derecho a la información como un derecho fundamental, no puede afirmarse que la actuación administrativa (…) haya supuesto para él ninguna restricción (…) Y que el derecho de la mujer a recibir información sobre la IVE es de carácter fundamental resulta claro dado el tenor del art. 12 [de la actual ley del aborto, denominada Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Incluso no siendo así, entiende este segundo magistrado, y se reconociera el derecho a objetar del médico, entraría en colisión con el derecho a la información sobre la IVE de la mujer embarazada.  “Informar ni era delito entonces [con la ley de supuestos] ni lo es ahora”, añade el juez, que cita la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1992 que concluyó que el Gobierno de Irlanda, que había prohibido informar a mujeres embarazadas, coartaba el derecho de estas mujeres. El juez concluye: “No debamos olvidar la obligación que tiene el Estado de permitir -en difícil equilibrio- la libertad de conciencia de todos los ciudadanos, facilitando la coexistencia de aquellos que han alcanzado la convicción -conciencia- de que la IVE es contraria a sus creencias ideológicas o religiosas como de los que no han llegado a tal entendimiento”.

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